"Con la entrada en vigor de esta Ley el ciudadano se verá obligado a abonar unas tasas judiciales que en algunos supuestos eliminan la tutela efectiva de la justicia. "
Tras la reforma laboral y la reforma penal parecía que el Partido Popular iba a ser incapaz de seguir golpeando los principios fundamentales amparados en nuestra Carta Magna; pero no era así. El nuevo proyecto de ley de tasas judiciales que se debate hoy en el Senado es un atentado directo contra el principio de tutela efectiva de los tribunales, amparado en el Art. 24 de Nuestra Constitución del 78.
Con la entrada en vigor de esta Ley el ciudadano se verá obligado a abonar unas tasas judiciales que en algunos supuestos eliminan la tutela efectiva de la justicia.
En materia administrativa para recurrir multas será preciso el abono de 150 euros aunque la multa tenga un importe inferior, lo que supone que nadie en su sano juicio recurrirá una multa por muy injusta que sea, si la cuantía es inferior a la tasa.
Es cierto que el Sr. Gallardón no deroga la ley del divorcio; pero ahora sólo podrán divorciarse aquellos que además de los abogados, procuradores y otros profesionales puedan pagar los 1.200 euros de tasas que supondrá el divorcio, eso si no hay recursos de las partes.
También encontramos el peculiar caso en el que una persona que sufra un accidente para poder demandar a la compañía aseguradora tendrá que pagar la tasa fija más el 0´5 de la indemnización por lo que nadie demandará para pequeñas cuantías y tendrá que hipotecarse para reclamar en los casos más flagrantes.
Lo mismo ocurrirá en materia laboral en los que los trabajadores tendrán que asumir tasas de 500 € para pretender cobrar sus salarios impagados o luchar contra la improcedencia de los despidos.
La nueva Ley es una puerta abierta a caraduras, chorizos, mangantes y gentuza (incluidas las administraciones públicas) avalada por el Partido Popular, que podrán campar a sus anchas ante la falta de posibilidades de sus víctimas para solicitar la tutela de los tribunales.
Algunos dirán que esta fórmula abre las puertas a la mediación avalada con la nueva Ley de Mediación que entró en vigor el pasado mes de septiembre; pero sólo para aquellos casos de economías similares entre los litigantes, dado que si una de las partes dispone de solvencia económica suficiente no aceptará la mediación voluntaria, obligando a su contrario a soportar las tasas si desea que se haga justicia.
El panorama pinta desolador, ahora también discriminación en justicia.
José María Bayod
( Abogado y Mediador)
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